Cartas de lectores
La Nación
28/06/04

Con el título Correo Argentino, el Sr. Guillermo V. Lascano Quintana eleva una protesta por la «desprivatización» del Correo Argentino.
A continuación, transcribo la carta tal como la publicó el diario.

Señor Director:
«Protesto, como ciudadano y contribuyente, por la «estatización» del Correo Argentino dispuesta por un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación. Aclaro que sólo he leído la noticia en los diarios, pero puedo imaginarme los argumentos esgrimidos por sus autores en la pertinente disposición legal.
«La protesta tiene varios fundamentos. El primero es de carácter político, pues en la plataforma electoral del actual presidente no se mencionó, siquiera de modo tangencial, que se propusiera tal medida. El segundo es de orden práctico, pues quienes tenemos más de sesenta años recordamos, con furia y desasosiego, las épocas en que el correo era administrado deficientemente por el Estado. Ahora resulta que uno de los argumentos del ministro del área es que tal empresa es lucrativa. Si es lucrativa se debe, sin duda, al hecho de haber sido administrada por capitales privados. El tercer argumento es de orden constitucional, pues semejante decisión debió haber sido debatida y decidida por el Congreso de la Nación.
«Vamos por mal camino si se vulneran, al mismo tiempo, el orden político, el orden económico y el orden constitucional.»

Me voy a tomar la molestia de tratar de contestarle al señor Lascano a quien no conozco pero puedo imaginármelo.

No voy a hablar del género humano en general, sino del género argentino: Opinamos y «contraopinamos» todas las veces que podemos. Si bien es cierto que cada uno cree en sus argumentos, hay un problema cuando nuestros argumentos no tienen un argumento propio o una base para sustentarse.

La gran mayoría del pueblo esté polarizada: peronistas/radicales, derecha/izquierda, Boca/River, Maradona/Di Stéfano.

Independientemente de los argumentos, nadie escucha al otro. Ya sabemos que el otro está equivocado.

Este señor lo muestra claramente cuando al comienzo de su carta manifiesta su desconocimiento sobre el tema, pero justifica su oposición.

El primer argumento habla de lo prometido o no en la plataforma política del entonces candidato a presidente. Si un candidato tuviera que pensar en todas los problemas que podrían presentarse al asumir, más que un presidente, sería un adivino.

El tema del Correo Argentino no es nuevo, quienes ganaron la licitación se dedicaron a «limpiar» el lugar de gente improductiva, de mejorar el servicio y de evadir pago de impuestos. Los dos primeros trabajos no sé exactamente en qué proporción pusieron su esfuerzo, pero en el último, «le dieron con todo».

Hubo durante los gobiernos anteriores tantas irregularidades, que era lógico (en un país que quiera ser serio) que los castigaran de alguna manera (creo que éso no ha sucedido) y que les quitaran la concesión.

Han estatizado el correo, pero le han puesto un límite para volver a licitarlo y privatizarlo nuevamente.

Don Guillermo: debió haberse informado antes, la noticia salió en todos los medios. Seguramente la noticia tenía en el diario la foto del Presidente y por ese motivo Ud. no leyó la nota, pero nunca es tarde, puede ver si alguien tiene un diario viejo y quizás pueda leer la noticia a fondo. O pregúntele a alguien que no tenga prejuicios a la hora de leer el diario.

El segundo argumento es que el correo estatal funcionaba mal. Ahí estamos de acuerdo. Pero si mal no recuerdo, en un programa de «El Show del Clío» mostraban una publicidad estadounidense donde mostraba la diferencia entre los correo privados y el correo estatal yanqui: Los correos privados no llegaban a los lugares más recónditos de Estados Unidos, el único que lo hacía era el Correo Oficial.

No sé si seguirán teniendo correo estatal, pero si «el país del libre mercado» tiene – o tenía – un correo oficial que sí era eficiente, no veo por qué nosotros no.

Más bien parece una cuestión de método.

Con respecto al tercer argumento, los Decretos de Necesidad y Urgencia son tal como su nombre lo indica para casos excepcionales que requieren celeridad en la toma de decisiones. Un debate «constitucional» que normalmente lleva un largo tiempo, sólo le daría tiempo al concesionario de huir, tratar de arreglar el desaguisado hasta que campee o de «arreglar» a determinados políticos para evitar que la ley salga. Por supuesto que este último comentario es prejuicioso, basado únicamente en los datos de la realidad.